Fecha de Publicación: Martes, Febrero 24, 2009
Apoyan académicos un administrador de la Ciudad para Juárez, como en El Paso
El Diario
Sandra Rodríguez Nieto
En opinión de académicos y expertos en administración pública, tener en Juárez un administrador de la Ciudad que se encargue de manejar los recursos públicos al margen de las coyunturas políticas o electorales, como ocurre en El Paso, sería factible si entre quienes gobiernan hubiera voluntad para dejar el poder con el que disponen de miles de millones de pesos.
Y es que las pocas instancias y leyes creadas en Ciudad Juárez con el propósito de dotar de criterios técnicos y no políticos a las decisiones públicas, no sólo han sido ignoradas sino que han sufrido el recorte de presupuesto y de autonomía con los cambios de gobierno.
Esta es una realidad que han enfrentado por años los juarenses y que lo mismo se presenta cuando una administración municipal se entrega a otra que emerge de un partido distinto que cuando surge de la misma organización política.
Basta con dar una mirada a la historia reciente para conocer de proyectos e inversiones que se han frenado, como el transporte semimasivo o instancias, como el Instituto Municipal de Investigación y Planeación, que son relegadas.
El problema fundamental en México es un problema de concepción: cuando los partidos políticos llegan al gobierno y al poder local, lo que buscan más que nada es repartir las posiciones de acuerdo a una mezcla en la que ciertamente buscan capacidades, pero sobre todo afinidades, y se comprometen posiciones. Es decir, prevalece el criterio político sobre el criterio técnico, dijo Héctor Padilla, experto en cooperación transfronteriza y coordinador del Doctorado en Ciencias Sociales de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez.
Contrario a lo que ocurre de este lado de la frontera, en la ciudad de El Paso desde hace más de cuatro años se reformó la legislación local para introducir una forma gobierno denominada “Cabildo-Administrador”, a través de la cual el alcalde y los ocho regidores cedieron sus labores administrativas a una tercera persona no electa por el voto popular, sino a través de una contratación.
Consultados al respecto, catedráticos de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, del Colegio de la Frontera y de otras instancias coincidieron en que un cargo similar podría generarse con una reforma al Código Municipal para el Estado de Chihuahua, que a la fecha establece la forma en la que se integran los Ayuntamientos.
El problema, insistieron, es que en este lado de la frontera no hay quien muestre intención de que el gobierno deje de ser una fuente de poder manipulable con base en las necesidades de los grupos de interés y, por el contrario, es precisamente este poder el que motiva su participación en la política.
“No es imposible una figura como el administrador de la Ciudad, puesto que tenemos elementos para nutrirla, lo único que se requiere es voluntad política, pero como no existe ni para cumplir con las leyes, es algo bastante complicado”, dijo por separado Hernán Ortiz, también académico de la UACJ y presidente de la organización Ciudadanos por una Mejor Administración Pública.
Y es que la vocación de los políticos mexicanos por el poder, dijo Ortiz, no sólo dificulta la creación de este tipo de organismos, sino que, además, impide que cumplan con las leyes y planes ya establecidos, si consideran que éstos atentan contra sus intereses de grupo.
Y ejemplos de incumplimiento, dijo Ortiz, abundan, empezando por las violaciones al Plan Director de Desarrollo Urbano, que establece, entre otros lineamientos, la necesidad de evitar la dispersión de la ciudad, o el Plan Sectorial de Manejo del Agua Pluvial que indica cómo evitar las inundaciones por el agua de lluvia.
O el Plan Parcial El Barreal, dijo, que desde 2004 estableció la forma en la que se deberían construir los diques y el resto de las obras necesarias para evitar el anegamiento en varios fraccionamientos del sur de la ciudad y que, ante la inobservancia de los gobiernos, han quedado bajo el agua en dos ocasiones, afectando a miles de familias.
Pero el mayor ejemplo de la falta de voluntad para gobernar con base en criterios técnicos, coincidieron los entrevistados, fue la reducción de recursos al IMIP, instancia creada en 1995 precisamente para generar lineamientos de desarrollo urbano ajenos a los intereses políticos y cuyo presupuesto fue recortado justo al inicio del trienio municipal que más expandió la ciudad, entre 2004 y 2007.
“Una función similar (a la de la administradora de la Ciudad) era la del IMIP, que tenía independencia del gobierno municipal y su trabajo era, a través de análisis técnicos y de investigaciones, decir cómo y hacia dónde tenía que ir el desarrollo de la ciudad, no sólo en términos urbanos, sino en sentido cultural, social”, dijo Ortiz.
“¿Pero qué pasó? Hubo dos problemas: uno, que precisamente para no rebasar la autoridad del cabildo, sólo se le dio carácter consultivo, porque las decisiones se toman en el cabildo, con los regidores, el presidente y el síndico. Y por otro lado, la administración municipal pasada le cortó recursos porque precisamente sus estudios técnicos no apoyaban a los grupos de interés que estaban generando el crecimiento de la ciudad”, agregó.
Entonces, insistió el también integrante de la Organización Popular Independiente, “el punto es hacer que se respete la ley o que esté por encima de los gobernantes, implica quitarle ese poder perverso a quien toma las decisiones, y eso es algo que siempre les va a molestar”.
Ventajas de la continuidad— En septiembre de 2004, en El Paso entró en vigor una reforma a la Carta Municipal que introdujo la forma gobierno denominada “Cabildo-Administrador”, a través de la cual el alcalde y los ocho regidores cedieron sus labores administrativas a una tercera persona no electa por el voto popular, sino a través de una contratación.
La administradora de la Ciudad de El Paso se encarga de las labores administrativas de personal, finanzas y de la supervisión de los diversos departamentos.
En entrevista con El Diario de El Paso, la titular de ese cargo, Joyce Wilson, destacó la importancia de que el personal que dirige la ciudad no sea político ya que, de esta forma, dijo, es posible que trabajen con cualquier funcionario que sea electo.
“Creo que la organización se ha enfocado más en llevar servicios y en satisfacer las necesidades de la comunidad que en estar alerta al clima político. Como resultado, estamos tomando mejores decisiones en el corto y largo plazo”, dijo Wilson.
Alejar la toma de decisiones sobre los recursos públicos de los criterios políticos, coincidieron los académicos en Juárez, permitiría además dar continuidad a proyectos de largo plazo que actualmente no se inician o no tienen seguimiento por los cambios de gobierno.
“La idea de tener un administrador de la Ciudad es que le pueda arrebatar a los políticos ese tipo de iniciativas, y que haya alguien que esté permanentemente empujando o dando seguimiento a los proyectos, que no dependa de las decisiones del político en turno, que cambian en función de agendas y, sobre todo, para no reinventar el hilo negro cada tres años, que ese es el problema de nuestras administraciones: que dependen mucho de compromisos de campaña, o de su agenda política, en apoyar o no determinadas iniciativas”, dijo César Mario Fuentes, doctor en Planeación Urbana y Regional e investigador del Colegio de la Frontera.
Un ejemplo de la falta de continuidad, dijo Fuentes, son los múltiples proyectos que desde 1979 se han ofrecido en materia de transporte urbano –desde la modernización de unidades, la construcción de un sistema tipo metro o semimasivo, uno más binacional, otra propuesta para multimodales, hasta la operación de un tren ligero– sin que alguno, finalmente, se haya concretado.
“Hemos oído desde hace años del Programa de Movilidad Urbana, y ya lleva 10 ó 15 años, pero ese tipo de proyectos, que son de mayor envergadura, más importantes, por el tiempo que requieren, difícilmente se pueden llevar en una sola administración municipal, y si no hay ese tipo de figuras que den seguimiento, llega el próximo gobierno y dice que para él no es importante, y ahí se queda, y volvemos a empezar de cero”, dijo.
Para Lucinda Vargas, maestra en economía y directora general de la Asociación Plan Estratégico de Ciudad Juárez, una oficina como la del administrador de la Ciudad “profesionalizaría automáticamente” la función pública y una visión de largo plazo permitiría la aplicación de proyectos estratégicos de mayor alcance.
“El administrador de la Ciudad trasciende administraciones, se guía por los intereses de la ciudad y de la comunidad con visión a largo plazo, y es una persona cuyo rendimiento y rendición de cuentas se hacen en función de los resultados a través de varias administraciones”, dijo Vargas.
“Esta persona está además vigilando el largo plazo, nunca el corto plazo, porque los resultados más potentes que se podrían derivar de esta posición serán a partir de medidas que se apliquen a través de varias administraciones, y se despolitiza la administración”, agregó.
El reto de impulsar ese tipo de oficinas en México, dijo la también maestra en economía, es de toda la sociedad, que puede presentar una iniciativa ante el Congreso.
“Tenemos un proyecto que llamamos ‘Pacto por Juárez’, en el que queremos reunir a los diferentes actores de la comunidad para juntos cobrar conciencia de estas preguntas y decir: ‘hay que ponerle orden a la ciudad, y junto con el sector público, los ciudadanos trabajemos aquella ciudad que queremos para asegurar un futuro sustentable’”, dijo.
“Se están trabajando propuestas de este tipo, se vale pensar en tener un administrador de la ciudad, se vale retomar al IMIP y darle la fuerza que requiere para privilegiar el criterio técnico, y quitarle esa vulnerabilidad que tiene la ciudad y que le dan los tiempos políticos”, agregó Vargas. |
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